Por Federico García
“Vox populi, vox dei”, había dicho Carlos Eduardo Rovira tras la victoria de Javier Gerardo Milei en el balotaje, en lo que se leyó como un gesto de gobernabilidad del Frente Renovador de la Concordia Social con el nuevo presidente.
Sin embargo, la eliminación del Inym, la quita de subsidios al transporte y de las transferencias del salario docente, entre otras medidas, hicieron tambalear la “concordia” del misionerismo, que terminó por votar en contra de la Ley Ómnibus y hacerse acreedor del mote de “traidores” en la lista negra de la Casa Rosada.
Misma situación se vive en casi todos -por no decir todos- los territorios nacionales, que por estas horas se enfrentan al Poder Ejecutivo nacional en una lucha descarnada por quién pagará el costo político del ajuste.
En ese marco, la pelea dialéctica de esta “guerra federal” se traslada de las redes sociales directamente al barro de las instituciones y, luego de que las acciones se centraran en Diputados, ahora el Senado de la Nación también toma protagonismo ante el inminente tratamiento del Decreto 70/2023 (conocido como mega DNU), para lo cual un grupo de legisladores presiona al oficialismo para que deje de retrasar el abordaje, mientras la normativa continúa vigente.
Con esas cartas sobre la mesa, los misioneristas del bloque Innovación Federal, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se sumaron a un pedido hecho junto a otros siete senadores para exigirle a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión para discutir el decreto, “según lo establecido en los artículos 19 y 20 del reglamento del Honorable Senado”, advierte el escrito.
Como es sabido históricamente, los representantes de la cámara alta responden al poder provincial, que, en el caso de Misiones, no se encuentra concentrado en el gobernador, sino en el mandamás de la Renovación y ex presidente de la Legislatura, Carlos Eduardo Rovira, ante lo cual se entiende que es él, y no Hugo Passalacqua, quien delineó la estrategia parlamentaria.
Al igual que el resto de las jurisdicciones, la provincia encontró en el Poder Judicial una vía de escape inmediata y llevó a los estrados la eliminación del Inym y la quita del Fondo del Incentivo Docente (Fonid).
En el primer caso, hubo una victoria a medias, ya que, más allá del fallo favorable que le devolvió -al menos por ahora- las facultades de fijar precios y llevar controles, en la práctica, el organismo yerbatero se encuentra paralizado y los productores pujan en soledad por mejorar sus ingresos, al tiempo que rechazan la incorporación del puertista Daniel Notta como presidente.
En la segunda instancia, antes de solicitar una medida cautelar a la Corte Suprema, Passalacqua se vio en la obligación de abonar los pagos atrasados a los educadores con recursos propios, algo que no es sostenible en el tiempo. Es que, a pesar de que la provincia mantiene buenos niveles de recaudación, representada en un 90% por el impuesto a los Ingresos Brutos, el modelo renovador de Estado amplio no es sustentable sin ayuda de los fondos girados desde Buenos Aires.
En este escenario, a Rovira le queda poco para perder y mucho para ganar y aprovecha su cuota de poder para torcer la balanza hacia la vereda de sus intereses, debido a que ni el oficialismo ni la oposición peronista cuentan con números propios para aprobar o rechazar el mega decreto. Esta situación acrecienta el valor del grupo de nueve senadores a la hora del debate parlamentario.
Aparte de los misioneros, el pedido elevado a la presidenta de Senadores lleva la firma de Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Edgardo Kueider, de Unidad Federal, así como las de José María Carambia y Natalia Gadano, representantes de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, de Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, y del fueguino Pablo Blanco, de la UCR.
Mientras tanto, el oficialismo libertario apuesta a demorar lo más posible el tratamiento en la comisión bicameral, recientemente constituida, donde tendría los votos para aprobar un dictamen, aunque en el recinto le será imposible si los nueve senadores que pidieron la sesión se pliegan a los 33 miembros del kirchnerismo.
Frente a esta fragmentación, el conductor político del misionerismo había advertido, tras la derrota de su socio Sergio Massa en las Paso, que era momento de “defender lo nuestro” y de reforzar “la importancia de los representantes propios por el sesgo del candidato elegido en el país”.
Rovira, no obstante, no es ajeno al desenlace que llevó a Milei a ser presidente, ya que, desde su espacio, se impulsó a candidatos libertarios con el afán de limar las aspiraciones electorales del macrismo. El León arrasó en las urnas y la Renovación mantuvo su representatividad porque los postulantes mileístas no lograron los avales para pegar su boleta a la del ahora jefe de Estado, lo cual, de haber sucedido, le habrían quitado los lugares en el Congreso que ahora le otorgan poder de fuego.
