En el marco de la quita de fondos para educación y transporte a las provincias, diez vicegobernadores del país firmaron un comunicado acusando a Javier Milei de actuar por “venganza política”, luego de que el presidente apuntara contra los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación.
Entre los firmantes, se encuentra Lucas Romero Spinelli, el número dos del gobierno misionero, quien se sumó a Verónica Magario, de Buenos Aires, y a sus pares de Jujuy, Alberto Bernis, Rubén Dusso, de Catamarca, Teresita Madera, de La Rioja, Alicia Mayoral, de La Pampa, Carlos Silva Neder, de Santiago del Estero, Antonio Marocco, de Salta, Pedro Pesatti, de Río Negro, y Eber Solis, de Formosa.
En el comunicado, los vices manifestaron “enorme preocupación ante la despiadada avanzada del gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática”.
De acuerdo a los funcionarios, pertenecientes a distintas fuerzas políticas, las medidas de la administración de La Libertad Avanza van “en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados”.
Ante ese contexto, “alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige».
Además de repudiar el plan económico del gobierno, los vicegobernadores señalaron que Javier Milei opera por “vengan política” contra las provincias, tras el ajuste y la quita de fondos a los distritos del país.
“El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ‘venganzas políticas’”, advirtieron.
Para los vicegobernadores, la línea que sigue el Ejecutivo nacional “no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional ‘venganza política’ en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.
“Desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentado medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”, sostuvieron.
El Fonid en la mira
En la misma línea, los firmantes expresaron su desacuerdo con el ajuste en la educación, a partir del freno en las transferencias discrecionales que, en varias provincias, se destinaban al pago del Fondo del Incentivo Docente (Fonid).
Los vicegobernadores calificaron a esta disposición como un “ataque hacia las familias de nuestras provincias”, debido a que «amenaza seriamente la educación de sus hijos”.
Durante el primer mes del año, el Fonid fue casi el único rubro “de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etcétera), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1% del importe para el concepto de educación», detalla el comunicado.
En el caso de Misiones, esos recursos se redujeron en un 98% en enero, cuando deberían haber llegado unos 3.000 millones de pesos y fueron girados solamente 100 millones, lo que puso en alerta al sector, que amenaza con no iniciar las clases sin recomposición salarial.
De esa manera, «cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió porque los gobiernos provinciales compensaron ese adicional”.
“Esta es una situación extremadamente grave, responsabilidad única del presidente de la Nación”, postularon, al explicar que “el Fonid tiene 26 años en Argentina; es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios”.
“Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes. Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo”, agregan.
“De persistir esta situación, las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del gobierno nacional y esta situación se está dando en todas las jurisdicciones del país, que están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del gobierno de Milei”, insistieron los firmantes.
Subsidios… “como todo el mundo”
El rechazo del grupo de diez vicegobernadores, incluido Romero Spinelli, también se centró en la quita de subsidios al transporte del interior del país, que en Misiones podría multiplicar el precio del boleto en un 300% y, además, perder todo beneficio ante la falta del sistema nacional de tarjeta Sube, según precisaron desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap).
El escrito remarcó que “los gobiernos apoyan los servicios de transporte público en todo el mundo”, puesto que “el impacto social es relevante en los países en desarrollo donde la movilidad es sensible a los precios”.
En ese marco, cuestionaron que “los sistemas de transporte muy raramente funcionan sin ser subsidiados en un porcentaje significativo por el Estado”, ante lo cual destacaron que “es importante definir modalidades de asignación de subsidios que combinen la eficiencia fiscal con la equidad social y generen, al mismo tiempo, los incentivos necesarios para que los operadores provean un servicio adecuado”.
“Este subsidio marca una diferencia significativa en la vida laboral de miles de personas. La reducción de costos en los desplazamientos diarios al trabajo libera recursos económicos para los trabajadores, lo que a su vez mejora su calidad de vida”, explicaron.
“Aquí, en nuestro país, con argumentaciones difíciles de sostener con un mínimo de seriedad, se decide no hacer lo que en el mundo hacen países desarrollados o países en desarrollo. Lo que hacen nuestros vecinos, lo que nadie duda que hay que hacer: subsidiar al transporte público”, adujeron.
“Ante la decisión del presidente Milei de no devolverles a las provincias los recursos que éstas generan frenando transferencias o, como en este caso subsidios, la pregunta inevitable es: ¿en dónde piensa colocar los 104 mil millones de pesos que está recortando? ¿A qué los piensa dedicar?”, se preguntaron los dirigentes.
“No a la asistencia alimentaria, como estamos viendo que sucede con los comedores comunitarios; no a la salud pública, no a la educación pública, no a la generación de puestos de trabajo, no a la concreción de obra pública de infraestructura”, sentenciaron.
El texto concluye con un pedido al presidente para que “deje de tener de rehenes a las y los argentinos en sus batallas políticas y que no atente contra su calidad de vida como lo está haciendo”.
“La Argentina es la suma de las provincias que la componen. Reiteramos este concepto que es clave para entender cómo es un país para todos y todas, sin centralismos, sin caprichos y con sensibilidad social y responsabilidad total”, cierra el comunicado, rubricado por el vicegobernador misionero Lucas Romero Spinelli.
