Mientras se preparan para realizar una marcha de antorchas en las calles de Posadas, como previa a la asamblea general, los docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) exigen al gobierno de Misiones que abone los complementos adeudados con recursos provinciales.
“Plata hay, no hay decisión política”, sostienen los educadores, quienes reflejaron que la administración de Hugo Passalacqua cuenta con el dinero necesario para afrontar el recorte a cero del Fondo Nacional del Incentivo Docente (Fonid), entre otros financiamientos que el presidente Javier Milei decidió dejar de enviar a todas las jurisdicciones del país.
Carlos Lezcano, profesor de matemática, recreó que “el caos que estamos viviendo los trabajadores de la educación tiene un principio, que es mayo del año pasado, cuando la Provincia tomó una decisión política de adherirse al mínimo establecido por Nación”.
La última actualización de ese básico, a nivel nacional, se acordó en 250.000 pesos, mientras que un maestro de grado que recién se inicia, en Misiones, hoy cobra unos 155.000.
Según comentó el cuadro técnico del FTEL, los educadores misioneros verán disminuidos sus haberes debido al sistema de doble garantía, “ya que tenemos una provincial, que compensa al docente con lo que le falta para cubrir un mínimo, pero también fuimos con una garantía en negro, que es Nación”.
Sin embargo, los giros discrecionales con los que la provincia afrontaba esos pagos se redujeron en un 98% por parte de la Casa Rosada, lo cual provocó que a muchos profesionales se les adeudaran los suplementos salariales, incluso desde noviembre de 2023.
“Ya hemos sufrido casos en los que la Nación no cumple o manda los fondos con mucho retraso, lo que hace que el trabajador cobre en tres o cuatro etapas su salario, que es lo que estamos viviendo actualmente”, graficó Lezcano, en diálogo con La Trinchera.
“Al entrar en el sistema de garantía nacional, la provincia aplica una política de ajuste en los componentes provinciales, de manera tal que el año pasado solo se modificó un 92% frente a una inflación de 211%”, comparó.
Asimismo, el profesor reconoció que, si bien la coparticipación federal cayó en términos reales, “la provincia tuvo un incremento de 142% y los recursos propios, aunque aún no tenemos los datos oficiales, estuvieron cercanos a los índices de inflación, en cuanto al crecimiento de recaudación propia”.
En ese sentido, Lezcano expuso que estos recursos “tendrían que ir acompañando las actualizaciones de los salarios, cosa que no ocurrió en el sector docente”.
La situación se da porque “ellos toman la garantía nacional y ajustan la provincial”, de lo cual resultó que, “en promedio daba un 110% de aumento, pero como se dejó de percibir garantía noviembre y diciembre, el Fonid en diciembre, la Conectividad en diciembre, si lo volvemos a recalcular, el incremento del trabajador anduvo en torno al 100%”.
De esta manera, “a pesar de tener recaudación, el trabajador lo ha sufrido el doble, la pérdida que hemos tenido fue brutal”, sentenció el referente.
De acuerdo a la postura del FTEL, con el tire y afloje entre la Casa Rosada y la Rosadita, “aparece un nuevo foco de conflicto, que tiene que ver con esos recursos que la provincia dice no haber recibido”.
“Se están tirando la pelota, la provincia no quiere actualizar los componentes provinciales, o es muy poco lo que ofrece”, postuló Lezcano, quien recordó que el Ejecutivo provincial les ofreció, tras un primer acercamiento de diálogo, un 14% de incremento a los gremios más cercanos al oficialismo.
“Este conflicto lo que hace es posicionar al maestro de grado en un estado de indigencia, porque ningún trabajador de un solo cargo llega a los 300.000 pesos, que está marcando hoy la línea de indigencia”, lamentó.
Con ese escenario, describió el panorama actual como “muy oscuro y complejo”, al tiempo que refirió que “nosotros observamos que hay una puja política entre Nación y Provincia y los perjudicados somos los trabajadores de la educación”.
Plazo fijo docente
Una de las propuestas alcanzadas por los gremialistas fue la de afrontar los recortes nacionales con recursos que, aseguran, el gobierno misionerista podría disponer si así lo quisiera.
“Cuando uno analiza el presupuesto ejecutado -el último informe es del tercer trimestre-, tenían utilidades por 25.000 millones de pesos en plazo fijo, y después accedimos a otra información, de algo de 1.600 millones”.
“Ese ajuste que va haciendo la provincia le sirve para tener las cuentas claras. pero es a costa del hambre de los trabajadores”, lanzó Lezcano y añadió: “Cuando uno analiza trimestre por trimestre, ve que la participación del rubro Personal, que ahí está el salario de toda la administración pública, va cayendo en términos porcentuales respecto de la masa total”.
“En septiembre era del 40% esa incidencia y seguramente finalizando el 2023 va a estar debajo del 40”, analizó y comparó: “Ahí uno ve que la provincia ajusta en el personal, porque la media nacional supera el 50%”.
Con ello, el educador expresó que “creemos que está a las claras que la provincia tiene dinero para pagar un salario digno a los trabajadores, pero no tiene voluntad política y tiene hoy en día una excusa, que es el ajuste nacional, que siempre la Renovación fue alumno ejemplar”.
En la misma línea opinó el docente Jorge Romero, también del FTEL, quien sumó que “es muy difícil poder precisar cuál es el origen de ese capital que está en plazo fijo”, pero más allá de eso, “lo que sí nos parece es que hay una cuestión de una inmoralidad y una ilegitimidad total en este marco, en el que se arrastra una deuda importante con los docentes desde noviembre”.
“Misiones, en esos meses, recibió recursos muy importantes y no entendemos que no se hayan cancelado esas obligaciones”, fustigó y concluyó: “Toda esta masa de dinero que genera intereses sería un gesto de muy buena voluntad para cancelar la deuda, porque no hay otro sector que esté en las condiciones que estamos nosotros y más ahora con la decisión del gobierno de cortar el Fonid, tenemos una rebaja nominal del salario”.
