Las primeras medidas económicas del «plan motosierra» del gobierno de Javier Milei profundizan la incertidumbre en las provincias respecto de qué pasará con las cuentas luego del anuncio del recorte de fondos que se giran desde la administración central y del freno total de la obra pública.
En ese marco, el presidente de la Nación decretó que, a partir de ahora, la gestión de ese dinero pasará del Ministerio del Interior, cuyo titular es Guillermo Francos, a la órbita de Economía, al mando de Luis Caputo, quien ayer anunció que reducirán “al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias».
Es que, de acuerdo a la postura oficial, se trata de recursos que “se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos».
Al primer semestre de este año, en términos del PBI nacional, los números fiscales de las provincias presentaron desmejoras respecto al 2022: el superávit primario pasó de representar el 0,68% al 0,17% y el excedente financiero se contrajo del 0,50% al 0,02%.
A la espera del detalle fino de las medidas, en las provincias más dependientes de Nación anticipan un impacto negativo en la actividad, lo cual golpeará consecuentemente la recaudación propia.
En medio de la incertidumbre, los mandatarios confían en que desde la Casa Rosada deberán tender puentes de diálogo y de fondos, porque el presidente también necesita de ellos para que los proyectos de ley que impulse pasen por el Congreso.
Sin obra pública
Por otra parte, el ministro Luis Caputo informó que el «Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva» y va a cancelar «las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado».
«La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno», argumentó el funcionario.
«La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo», explicó.
Tras el triunfo de Milei en el balotaje, en varias provincias comenzó a registrarse el envío de telegramas de despidos en obras públicas en provincias como Tucumán, Salta, Córdoba y Catamarca, entre otras.
El mes pasado, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, había afirmado que había «telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei sobre la suspensión de la obra pública”.
En la misma línea, la Comisión Directiva Central de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) había emitido un comunicado en que manifestó su “preocupación”, debido al «riesgo de la continuidad laboral de 220 mil trabajadores constructores”.
